Guerra de Reforma

Antecedentes
La reforma liberal y su impacto en las corporaciones civiles y eclesiásticas

La Guerra de Reforma de México, también conocida como la Guerra de los Tres Años, transcurrió desde el 17 de diciembre de 1857 hasta el 1 de enero de 1861. Una vez derrotado Santa Anna se designó al general Juan Álvarez presidente interino, mientras el Congreso Constituyente elabora una constitución y elegía al presidente definitivo. Los triunfadores del Plan de Ayutla eran liberales aunque no todos compartían las mismas ideas. Por ejemplo, Ignacio Comonfort era liberal moderado mientras que Melchor Ocampo pertenecía a los radicales. Los liberales radicales deseaban aplicar medidas drásticas que cambiaran a la sociedad, querían reformar al país a corto plazo. Los liberales moderados pretendían que las nuevas ideas se aplicaran lentamente.

A fines de 1855 Juan Álvarez enfermó y, por ello, quedó como presidente provicional Ignacio Commonfort, liberal moderado, quien, aunque su actitud política era conciliadora, tuvo que actuar a favor de la causa liberal radical. Ignacio Commonfort, que había pensado en una reforma lenta, presionado por los liberales puros y en los hechos obligados por los conservadores que combatieron su gobierno, publicó medidas radicales, entre ellas la Ley Iglesias y la Ley Lerdo que afectaron a la sociedad, sobre todo, la última mencionada por sus efectos profundos en las corporaciones civiles y eclesiásticas.

Ley Juárez

En el gobierno interino de Juan Álvarez se dio el primer decreto reformista, el cual fue elaborado por Benito Juárez, de ahí que se le conozca como Ley Juárez. Esta ley prohibía a los tribunales eclesiásticos y militares que en adelante conocieran sobre delitos civiles. Acerca de esta legislación, tanto la iglesia como el ejército tenían ciertos privilegios o fueros, uno de ellos era tener tribunales especiales, Juárez no se los quita pero, con la idea de establecer igualdad jurídica de los mexicanos, les prohíbe tratar sobre negocios civiles.

La ley Juárez hirió a la Iglesia y al ejército, los cuales se prepararon para la lucha, pero no le tocó a Álvarez enfrentarse a los problemas que la Ley Juárez provocaría.

Ley Iglesias

La ley Iglesias, dada por José María Iglesias, en abril de 1856, eximía del pago de derechos y obvenciones parroquiales a las clases populares. La iglesia cobraba dinero extra por servicios de ceremonias y había gente que no tenía dinero para pagarlo, así se prohibía que las personas pobres pagaran por servicios religiosos como bautizos y bodas. Esta ley es heredera de un ideal liberal de controlar a la iglesia, limitando su poder, que tiene su antecedente en la Revolución Francesa. Los sacerdotes serían algo así como servidores o empleados públicos con un salario fijo y por eso no deberían tener una utilidad extra por su trabajo. La obvención, en ese sentido se identificaría con corrupción, con aquel empleado que sin merecerlo cobra mas de lo debido por su servicio.

Ley Lerdo

La Ley Lerdo, elaborada por Miguel Lerdo de Tejada, desamortizaba fincas rústicas y urbanas, que eran propiedades de corporaciones civiles y religiosas.
La iglesia (corporación religiosa) y las comunidades indígenas (corporación civil) tenían propiedades en bienes raíces o inmuebles, o sea, terrenos y casas, que consistían en fincas que no producían, eran, por tanto, bienes estancados o amortizados. Esas tierras sin cultivo eran las tierras a desamortizar, para crear pequeños propietarios, aun entre los campesinos. En esa Ley, Lerdo quería que las propiedades desamortizadas pasaran a poder de particulares destruyendo así la propiedad comunal indígena.
La ley decía que cualquier ciudadano mexicano podía adquirir tierras desamortizadas, con el simple hecho de denunciarlas y pagar por su valor. En ese sentido, teóricamente, los mismos indígenas desposeídos de sus tierras comunales podían comprarlas, a título personal o a nombre de su comunidad, porque éstas, como corporaciones civiles, estaban sujetas a la Ley Lerdo.

Quienes se vieron beneficiados fueron los antiguos hacendados y autoridades locales y estatales que rápidamente adquirieron propiedades. Los indígenas por su misma pobreza no pudieron comprar tierras y tampoco pudieron rescatar las suyas.

La Ley Lerdo, desamortizaba las propiedades de la iglesia y de las comunidades indígenas para que pasaran a poder particular.

Como resultado el indígena se empobreció más porque sus propiedades las alquilaban a particulares, a fin de obtener mayores ingresos para gastos municipales, obras públicas, fiestas religiosas y para socorro por alguna adversidad inesperada. Sin esta fuente de ingresos, y sin tierra, el indígena se vio obligado a vender su mano de obra, convirtiéndose en peón.